El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un anteproyecto de ley que, entre otros, incluye un impuesto sobre la producción de energía eléctrica del 6% para todas las tecnologías. Pues bien, según cálculos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), ese impuesto tendrá un impacto en su sector de 241 millones de euros en 2013.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha difundido hace unos minutos un comunicado de prensa en el que critica al gobierno por aprobar en consejo de ministros un proyecto de ley que considera debería haber sido negociado previamente con el sector. Según la AEE, el sector eólico “ha demostrado en repetidas ocasiones su disponibilidad a hacer concesiones por el bien del país y su situación económica, siempre que sean justas y negociadas”. La AEE recuerda además “que la eólica es la tecnología que soporta una mayor presión fiscal ya que, a los impuestos comunes a las demás tecnologías, hay que sumar los cánones que imponen algunas comunidades autónomas”.
En estos momentos –continúa la asociación–, el sector vive un periodo “de elevada incertidumbre por la moratoria para nuevas instalaciones impuesta en el Real Decreto-ley 1/2012 (que implica que los megavatios inscritos en el Registro de Preasignación para 2012 sean los últimos que se instalarán en España bajo el Real Decreto 661/2007) y por la falta de un marco regulatorio más allá del 31 de diciembre de 2012″. Así, la AEE pide al gobierno que, una vez resuelto el problema del déficit de tarifa, ponga en marcha “una mesa de negociación con el sector para debatir el marco regulatorio por el que se regirán los nuevos parques a partir de 2013″.
Según la asociación, además, “es importante hacerlo con urgencia, ya que en estos momentos no hay proyectos a futuro y este año los fabricantes no han recibido nuevos pedidos de aerogeneradores para el mercado doméstico, lo que les obliga a plantearse su permanencia en España”. Por fin, el comunicado de la AEE concluye diciendo que el sector eólico español “es un modelo: ha crecido siempre de acuerdo a los objetivos, es un referente a nivel mundial, crea riqueza y empleo, reduce las importaciones de combustibles fósiles, exporta tecnología, es la imagen tecnológica de España y es la tecnología renovable más competitiva”.
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El ahorro tiene un precio: “cerca de sesenta de millones de euros”, que esa es la cantidad que ha invertido en proyectos de ahorro y eficiencia energética la administración gallega en los últimos tres años. Eso sí, el ahorro tiene premio: 65 millones de euros… cada año. Los datos los acaba de hacer públicos el Instituto Enerxético de Galicia (Inega), que asegura que “las actuaciones que hemos desarrollado en esta legislatura abarcan todos los sectores” y arrojan como resultado “un ahorro de 65 millones de euros anuales, ahorro energético anual próximo a las 85.000 toneladas equivalentes de petróleo”.
El transporte es el sector en el que más dinero ha logrado ahorrar Galicia, según el balance publicado por el Inega, que señala especifica “una merma de costes de casi 40 millones de euros anuales” en ese concepto. Entre las cifras clave recogidas por el Inega en su balance, estas son las principales: las actuaciones desarrolladas en la industria de la edificación y de la equipación doméstica beneficiaron a más de 135.000 familias gallegas que pudieron mejorar la eficiencia energética de sus viviendas; los ayuntamientos gallegos sumaron 429 proyectos de eficiencia energética en iluminación pública y más de medio centenar de auditorías energéticas en los últimos tres años; y, por fin, con respecto a la industria, se desarrollaron 168 proyectos de ahorro y eficiencia energética y cerca de 200 auditorías y estudios de viabilidad para mejorar su competitividad. Según el Inega, “con la puesta en marcha de estos programas se está evitando la emisión a atmósfera de 215.000 toneladas de CO2 cada año”.
Todo ello ha sido posible, según Eliseo Diéguez, gracias a que “la Consellería lleva invertidos cerca de 60 millones de euros en los últimos tres años”. Según el Inega, por sectores, el transporte es donde se obtuvieron las mejores ratios de ahorro energético. En este ámbito se han desarrollado numerosos planes de transporte en empresas y centros de trabajo. Además –recoge el Inega en su balance–, la ejecución de planes de movilidad urbana sostenible, el desarrollo de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, las actuaciones para la mejora de gestión de flotas del transporte por carretera, o el fomento del empleo de la bicicleta en los municipios gallegos son otras de las acciones promovidas.
El balance, partida a partida
A continuación, el Inega sitúa las actuaciones realizadas en el campo de la edificación y de la equipación doméstica, que acaparan un 24% del total de ahorro energético obtenido “y que alcanzaron a más de 135.000 familias gallegas con un beneficio económico anual superior a los 10 millones de euros”. El instituto señala aquí proyectos de rehabilitación de la envolvente térmica en viviendas y edificios así como distintos planes Renueve como el de ventanas, el de equipos de climatización o los de iluminación interior. Además, el Inega ha promovido durante estos tres años proyectos de mejora de las instalaciones térmicas en más de dos centenares de viviendas de la comunidad, promocionó la certificación energética de edificios y fueron ejecutadas más de 2.000 inspecciones de eficiencia energética.
Por su parte, los servicios públicos sumaron el 22% del ahorro energético del total del programa de actuaciones, según el balance. El Inega destaca en este epígrafe la ejecución de 429 proyectos de eficiencia energética en iluminación pública en ayuntamientos gallegos, la realización de más de medio centenar de auditorías energéticas municipales y la formación de doscientos técnicos en la gestión energética de los ayuntamientos: “a través de estas actuación se consigue un ahorro económico de ocho millones de euros por ejercicio”. Por último, el sector industrial y primario obtuvo, según el instituto, un 13% del ahorro energético “gracias a realización de 168 proyectos de ahorro y eficiencia energética o de cerca de 200 auditorías y estudios de viabilidad: el ahorro económico en esta área asciende hasta los cinco millones de euros anuales”.
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La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, ha asegurado que la solución a la crisis en el archipiélago “no pasa por la promoción de las prospecciones petrolíferas como arguye el Ministerio de Industria, Energía y Turismo”, sino “por la determinación de un marco legal singular para el desarrollo de las energías renovables”.
El gobierno canario ha emitido un comunicado de prensa en el que indica que Ramos también ha recordado que el Ejecutivo canario elevó el pasado mes de marzo al Ministerio de Energía una propuesta de marco singular para el sector energético con especial atención a las renovables, sin que hasta el momento haya habido una respuesta”.
De acuerdo con Margarita Ramos, lo que se persigue con este marco legal singular es contribuir a la consecución de un cambio de modelo económico y la creación de empleo “cualificado en Canarias”.
Para la consejera canaria, el Gobierno central “debe, de una vez por todas, actuar y sentar las bases de un modelo energético basado en las renovables”, puntualizando que en el caso del Archipiélago con los incentivos “adecuados” y la consolidación de las renovables “sería un hito decisivo para la generación de actividad económica y creación de puestos de trabajo”.
Además, insistió en que la apuesta en firme del Gobierno de Canarias por las energías renovables “es una realidad palpable”, ya que consideran que “genera riqueza y crea empleo de calidad mientras el petróleo es una hipótesis, pues hasta el momento sólo se han autorizado las prospecciones”.
“El sector industrial de las Islas lleva demasiado tiempo esperando por unas decisiones que no terminan de tomarse. El Gobierno de España ha paralizado la actividad económica con sus decisiones y los empresarios, ante esta incertidumbre, no se atreven o no pueden, lógicamente, impulsar nuevos proyectos ni consolidar los que ya tienen”, apostilló Ramos.
De acuerdo con la titular autonómica de Empleo, Indusrtruia y Comercio, el sector de las energías renovables en las Islas ha planteado que las decisiones del Gobierno central “han paralizado una inversión aproximada de unos 500 millones de euros y la no creación de más de 5.000 puestos de trabajo”.
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Actualidad | admin 18 septiembre, 2012 | 
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