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El sector eólico estadounidense, pendiente de si el gobierno prorroga o no el sistema de ayudas PTC

La Asociación Americana de Energía Eólica (American Wind Energy Association, AWEA) ha unido sus fuerzas a las de un grupo de congresistas y senadores demócratas y republicanos para solicitar al congreso de los Estados Unidos la prórroga de las ayudas a las energías renovables conocidas como Production Tax Credit (incentivos fiscales que han impulsado el desarrollo de la energía eólica en Estados Unidos durante los últimos veinte años).

AWEA informó ayer de que miles de veteranos de guerra, a lo largo y ancho de todo el país, han firmado una carta dirigida al Congreso para que prorrogue los denominados Créditos Fiscales a la Producción (PTC). Cuatrocientos de los signatarios –añade AWEA– trabajan actualmente en el sector. Los PTC, que son la herramienta con la que el gobierno de los Estados Unidos ha impulsado el despegue de la energía eólica en su país, fueron alumbrados en 1992 y su vigencia expira precisamente a finales de este año. Según la directora ejecutiva de AWEA, Denise Bode, que se ha declarado orgullosa de la integración de estos hombres y mujeres en el sector, “una cartera energética diversificada que incluya energía eólica es la vía hacia la seguridad energética de los Estados Unidos”. El Congreso –ha concluido– necesita actuar “con prontitud para proteger a los 37.000 trabajadores que se encuentran en una situación comprometida y restablecer la estabilidad en el sector”.

En la misma línea, John DiDonato, miembro de la junta directiva de la asociación (representante en AWEA de la compañía eólica NextEra Energy Resources), ha señalado que “trabajar en este sector ofrece a los veteranos la oportunidad de aprovechar una amplia panoplia de herramientas y procedimientos que aprendieron en su etapa militar (…), por lo que nos sentimos muy afortunados de que formen parte de nuestro equipo”. Los veteranos empleados en la industria eólica de todo el país han volado a Washington DC esta semana para conocer a los congresistas representantes de sus respectivos estados. Según AWEA, cuando la electricidad eólica suponga el 20% del mix del sistema eléctrico nacional sostendrá medio millón de puestos de trabajo en todo el país (www.saveusawindjobs.com).

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Continúan los movimientos en el sector de la eólica marina-Prysmian compra Global Marine Equipment por 50 millones de euros

La multinacional de origen italiano Prysmian –que tiene su sede principal en España en Barcelona– ha anunciado un acuerdo para la adquisición del 100% de la empresa GME (Global Marine Equipment), “pendiente de ratificación por parte de las autoridades competentes, por un importe aproximado de cincuenta millones de euros”. Según Prysmian, esta adquisición le pemitirá expandir su oferta de soluciones integradas de cables e instalaciones submarinas, “particularmente para instalaciones de parques eólicos marinos”.

GME es una compañía focalizada en la instalación, mantenimiento y recuperación de cables (y sistemas asociados) para transmisión submarina de energía y comunicación “con unas ventas previstas de 75 millones de euros en 2012″. Según Prysmian, Global Marine Equipment cuenta, “entre otros activos estratégicos” con un nuevo buque para el tendido de cables submarinos “que ofrece servicios de alto valor añadido, desde el project management hasta la propia instalación y conexión del cable o su protección en el fondo marino”. GME participa actualmente en varios de los mayores proyectos de construcción de parques eólicos marinos en el mar del Norte.

Prysmian cuenta a día de hoy con dos buques de instalación de cables de su propiedad: Pertinaccia y Giulio Verne. Pues bien, según la firma transalpina, esta adquisición va a permitirle “tener un mayor dominio sobre la cadena de suministro, integrando ahora la instalación del parque horizontal de cable entre turbinas eólicas off-shore“. La multinacional de origen italiano, que declara una cartera de pedidos “cercana” a los 1.700 millones de euros “en este tipo de instalaciones”, presume de ser “líder mundial” en sistemas de transmisión eléctrica y de comunicaciones submarinas, “siendo capaz de proveer cualquier producto o servicio para instalaciones eléctricas o de comunicaciones submarinas incluyendo su diseño, fabricación e instalación”.

En España, en los últimos años, Prysmian ha participado en todos los enlaces submarinos realizados: entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura (foto), entre Baleares y la Península y en un parque experimental en Cantabria (véase el reportaje Ocean Líder, página 54). En línea con esta estrategia de focalización en mercados de alto valor añadido, Prysmian informa de que ha hecho inversiones multimillonarias en varias de sus instalaciones. A saber: en la factoría de Pikkala, en Finlandia, para comenzar a producir cables submarinos; en la mejora de sus instalaciones productivas en la planta industrial de Drammen, en Noruega, y en su principal fábrica de cables submarinos, en Arco Felice, en Italia. Prysmian en España engloba todas las actividades de diseño, fabricación, venta, posventa y servicios relacionados con los cables y accesorios para cables de energía y comunicaciones. [En la imagen, inicio de la instalación del enlace submarino Lanzarote-Fuerteventura en las Islas Canarias].

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La Fundación Renovables reclama el “céntimo verde” como vector de corresponsabilidad en el sector energético

El llamado “céntimo verde” flota en el aire casi desde que el mundo energético es mundo y comenzó a replantearse algunos asuntos como la insostenibilidad económica y ambiental del modelo actual. Fue, también, la primera aportación al debate por parte de la Fundación Renovables.

Ante el debate suscitado sobre la oportunidad y finalidad de aplicar el denominado “céntimo verde” a los carburantes y otros productos energéticos, “la Fundación Renovables reivindica la utilización de la fiscalidad como elemento de corresponsabilidad del conjunto del sector energético para hacer frente al esfuerzo que supone la penetración de las tecnologías que responden a los retos planteados al sistema energético de nuestro país como son la reducción tanto de emisiones como de las importaciones de hidrocarburos”.

La Fundación Renovables que planteó esta propuesta ya en junio de 2010 –como su primera aportación al debate energético– reafirma que la finalidad de este impuesto debe ser compensar el actual desequilibrio entre el sistema eléctrico y el resto del sector energético a la hora de alcanzar los objetivos de la Unión Europea tanto para la reducción de emisiones como para el incremento del papel de las energías renovables.

El denominado “céntimo verde” nunca fue contemplado por la Fundación como una tabla de salvación sino “como una respuesta de ejercicio de equidad que aportaba además elementos muy positivos como, por ejemplo, incentivar la reducción del consumo de combustibles fósiles aplicando la lógica de que no debe ser fomentada la demanda de lo que no se tiene y sí apostar por lo disponible”.

Los objetivos principales de esta propuesta son “disuadir del consumo de energías convencionales, tanto por la reducción de la dependencia, la balanza comercial y el medioambiente, y fomentar el desarrollo de sus sustitutos que son las energías renovables y la eficiencia energética”.

Para la Fundación Renovables el “céntimo verde” no debe tener un objetivo  simplemente recaudatorio ni ser la base de un proceso de transferencia de rentas entre consumidores. Asimismo, no puede ser una medida aislada sino que debe ir dentro de un paquete global de medidas y reformas que aceleren la introducción de un nuevo modelo energético sostenible.

La Fundación cree que “con esta propuesta el Gobierno debe plantear una actuación disuasoria del uso de combustibles fósiles y ponerla en marcha como impuesto finalista dirigido a lograr los efectos en el sistema energético español citados anteriormente, como primera medida de un modelo de fiscalidad medioambiental y no ceder a la tentación de tapar huecos por muy necesaria que sea la reducción del déficit público”.

En definitiva “la Fundación Renovables reclama un impuesto neutral en su aplicación que grave una energía no deseable para favorecer a las deseables, una medida de tipo medioambiental que no tiene carácter recaudatorio y que sea corresponsable con los compromisos asumidos por nuestro país”.

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